Por Cielo Medina
Yan Esperanza, presidente de Juntos por la Educación, habló sobre cómo muchas de las ONG’s cuestionan el proyecto de ley que busca “regular” la actividad a propuesta del Ejecutivo. Dijo que la forma en la que esto está establecido afecta a todos, no solo a las ONG’s. Señaló que los principales cuestionamientos tienen que ver con que esta ley incluye un mecanismo de control que abarca fondos públicos, como fondos privados.
“Si tenés un acuerdo con una entidad pública y recibís fondos privados, ese fondo tiene que pasar por el Presupuesto General de la Nación – PGN. No se le permite a ninguna entidad pública firmar ningún acuerdo con una fundación o club social, no se le permite hacer ese convenio y los fondos vinculados no pasan por el PGN”, explicó.
Manifestó que eso limita muchísimo, porque si uno recibe fondos privados que le están donando para un comedor social, tiene que ir por el Presupuesto General. Esas son algunas cuestiones que dificultan muchísimo la participación de la sociedad civil en general en las cuestiones que conciernen al Estado.
“El argumento que utilizan los proyectistas es que, si una organización de la sociedad civil intenta incidir en políticas públicas, tiene que mostrar de dónde vienen sus recursos. Tiene que mostrar con facturas, y todo eso, aunque se traten de fondos privados, por el solo hecho de que supuestamente está intentando incidir en alguna política pública”.
