Ayer se concretó la imputación al intendente de CDE, Miguel Prieto, y otras diez personas por supuesta compra ficticia de 25 mil kits de alimentos. En dicho orden, Paul Ojeda, director general de control de Contrataciones Públicas, indicó que la contratación de la firma «Tía Chela» estaba «viciada de irregularidades». Argumentó que existían incongruencias en el pliegue de bases y condiciones, en lo que refiere a la experiencia y capacidad financiera. «Estaba adecuado para favorecer a esta firma adjudicada».
«Durante la pandemia hubo otras instituciones que aplicaron similares procedimientos principalmente en la compra de medicamentos», apuntó Ojeda.
Paul Ojeda
