El comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), Orlando Castillo, señaló que el país carece de un plan nacional de reinserción, por lo que cada director de penitenciaría debe aplicar sus propias políticas en ese aspecto.
Indicó que el nuevo gobierno hasta ahora no ha hecho nada nuevo en materia de política penitenciaria, salvo una intervención directa con relación a un grupo del crimen organizado en una sola penitenciaría (Veneratio).
En ese sentido, manifestó que las 700 personas privadas de libertad que fueron trasladadas desde Tacumbú, solo fueron a empeorar el hacinamiento en las cárceles del interior del país. “En Concepción y San Pedro, entre el 40 y 50% no son de la región, son de Asunción y Central”, explicó. La lejanía de los reclusos también impide que los procesos avancen con regularidad, ya que no hay suficientes recursos para los traslados.
Según Castillo, hay entre 3.000 y 4.000 personas privadas de libertad sin datos sobre si están procesadas o condenadas. Reportes generales daban cuenta de que hay aproximadamente 60% de procesados y 40% de condenados en las cárceles, pero lo que más resalta es la ausencia de datos certeros.
