María Victoria Rivas, directora del Centro de Estudios Judiciales, explicó el origen y el destino de los USD 1.2 millones que recibió la organización. Señaló que las organizaciones de la sociedad civil son personas jurídicas con capacidad restringida y que desarrollan diversas actividades, como investigaciones, consultorías y asistencia técnica, financiadas principalmente a través de cooperaciones internacionales obtenidas mediante concursos.
En este caso, los fondos provienen de USAID, a través de un proyecto de concurso público lanzado por la agencia en Paraguay. Se presentaron aproximadamente 100 propuestas, entre ellas la del Centro de Estudios Judiciales, que resultó adjudicada junto con otras organizaciones.
El proyecto, con una duración de tres años, se enfoca en tres áreas principales; Capacitación a fiscales especializados en delitos económicos y anticorrupción. Programa de analistas técnicos del Ministerio Público y desarrollo tecnológico para la implementación de la Carpeta Fiscal Digital.
Rivas resaltó que el proceso de selección fue riguroso y que el proyecto fue validado por la cooperación local. “Nos sentimos orgullosos y felices de haber cumplido con las exigencias técnicas y metodológicas para obtener estos fondos”, concluyó.
