En el caso de supuesta estafa en Caaguazú, donde las familias afectadas fueron indemnizadas por la ANDE con G. 400 millones cada familia, de los cuales fueron despojadas, pero llegaron a un acuerdo con los imputados involucrados en las irregularidades.
El acuerdo se alcanzó ayer por la tarde, donde las dos familias aceptaron recibir G. 300 millones cada una, a pesar de que no es la totalidad del monto originalmente otorgado por la ANDE.
El abogado Marcial Ayala, representante de Anadelia Acosta y Darío Flores, explicó que intervino en el caso el fin de semana y que ayer por la tarde se formalizó el acuerdo entre las familias afectadas y los procesados. El acuerdo se realizó ante un escribano, cumpliendo con todas las formalidades legales.
Ayala informó que entregó el documento del acuerdo a la fiscal de la causa, para que tenga conocimiento del pacto alcanzado entre víctimas e imputados. También comentó que sus defendidos fueron investigados por apropiación, lesión de confianza y estafa. El Código Procesal Penal permite llegar a un acuerdo en estos casos.
Finalmente, Ayala aclaró que las personas imputadas no admitieron responsabilidad en lo ocurrido, pero buscaron una resolución mediante el acuerdo. Además, señaló que desconoce si el vehículo 0 km, adquirido por una de las imputadas, fue entregado como parte del acuerdo.
