José Amarilla, experto en temas de Seguridad, señaló que la cantidad de reos muertos durante el operativo Veneratio para la recuperación del control de Tacumbú representó solo el 1% de la totalidad de “soldados” al servicio del Clan Rotela que estaban dentro de la Penitenciaría. Aseguró que se ha dado un paso importante, pero que ahora hay que pensar en evitar que se reagrupen.
De acuerdo con Amarilla, quien ocupó con anterioridad el cargo de director de Inteligencia del Ministerio del Interior, se calculaba en 1.100 aproximadamente la cantidad de personas privadas de libertad que estaban al servicio de la organización criminal de Rotela. El operativo se cobró la vida de 11 reos y 1 policía fallecido.
“La cantidad de fallecidos ayer representa un 1% de todo lo que esperábamos que hubiese dentro del esquema de control de este grupo organizado. El 1% de letalidad es una cifra sumamente razonable”, manifestó el analista. Recordó que en Brasil se tiene el antecedente de la masacre de Carandirú, donde fallecieron más del centenar de personas.
En ese sentido, destacó la labor de los agentes de la Policía, quienes prepararon el operativo durante varios meses y agregó, “Hay que darle todo el crédito a los grupos de choque de la Policía Nacional, que controlaron la situación de una forma verdaderamente excelente”.
En cuanto al futuro del Clan Rotela como organización criminal, ahora que su líder fue aislado, Amarilla explicó que el grupo posee un esquema de funcionamiento que está fundamentalmente fuera de las cárceles. Si bien en el interior, se calcula que movía alrededor de mil millones de guaraníes mensuales solamente en materia de cocaína, es difícil hacer una estimación aproximada de lo que generan con el microtráfico en las ciudades.
“El microtráfico está inficionado en gran parte de lo que es los alrededores de Asunción. Hay entre 70 mil y 90 mil personas adictas al crac, entre los cuales, 22 mil ya están con daños irreversibles”, manifestó.
El experto hizo hincapié en la necesidad de profesionalizar la carrera del agente penitenciario, debido al alto nivel de corrupción entre los agentes. Manifestó que si bien existe un centro de formación para esa actividad, muchos ingresan a trabajar por influencias políticas debido a la gran cantidad de dinero que se mueve dentro de las cárceles.
Por otra parte, explicó que gran parte del problema que se vive en las penitenciarías tiene que ver con el Poder Judicial, ya que al menos el 70% de los más de 17 mil presidiarios en todo el país están con prisión preventiva y no tienen condena firme, lo que genera una gran superpoblación en los centros de reclusión.
Finalmente, resaltó la necesidad de invertir en inteligencia carcelaria que debe estar integrada a un esquema nacional de prevención de eventos criminales. Sin embargo, esto requiere presupuesto y voluntad para generar políticas públicas que permanezcan en el tiempo.