El Abg. Gustavo González Plánas, defensor del exministro Manuel Ferreira Brusquetti, aclaró que su cliente participó en un acuerdo entre partes: dos personas jurídicas y una persona física. Según explicó, Ferreira representaba a la empresa Wexford S.A., que adquirió un crédito sobre la propiedad en disputa.
El contrato establecía que, si la propiedad se vendía antes de su adjudicación, el precio sería de USD 3,5 millones. Sin embargo, la venta no se concretó y la propiedad quedó adjudicada a Wexford S.A. Luego se firmó una adenda al contrato, pero la propiedad nunca fue vendida. Lo que ocurrió fue la venta de acciones de la sociedad anónima Wexford, de la cual Ferreira es accionista.
Según el abogado, la propiedad sigue perteneciendo a Wexford y no hubo ninguna irregularidad en el proceso. Para González Plánas la obligación recae en la persona jurídica (Wexford) y no en Ferreira como persona física. Considera las acusaciones de maniobras fraudulentas y que no hay ningún hecho penal en este caso, sino un conflicto estrictamente civil.
“No existe ninguna historia rara. Ferreira no asumió un compromiso personal, solo representó a la sociedad anónima”, sostuvo. El abogado calificó la imputación como “absurda” y sugirió que podría haber una intención detrás de esta acusación, considerando que Ferreira “tiene un prestigio impecable”.
