El Ing. Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción, sostiene que la Ley 1115 de la Unión Europea, que entraría en vigencia en enero 2025, fue aplazada para el 2026, debido a su “inaplicabilidad”. Dicha ley establece la prohibición de la compra de determinados productos obtenidos en zonas deforestadas.
Si bien, la propuesta nace de la supuesta iniciativa de frenar la deforestación, en palabras del ingeniero, “en realidad es una barrera arancelaria para tapar la falta de competitividad de la producción europea frente a la producción de los otros países del mundo”, que era “inaplicable, va a ser más caro y de alto riesgo venderle a la UE, en las condiciones que ellos establecieron”, agregó.
Cristaldo afirma que el reglamento está basado en prejuicios y no en la ciencia, por lo tanto, es difícil que funcione. Además, señala que fue una medida unilateral “que genera condiciones arbitrarias para el comercio, está siempre al capricho del burócrata europeo, no hay un trato de socio comercial”, sentenció.
Recalcó que será necesario modificar y adecuar a la realidad antes de llevar a cabo su aplicación postergada para el 2026.
